* En la próxima sesión se atenderá el asunto: Congresistas
Morelia, Mich.- El Congreso del estado revocará el mandato al edil de Lázaro Cárdenas, Gustavo Torres, y a regidores por haber aprobado acuerdos ilegales en el Cabildo, por observaciones de la Auditoría Superior que llegan a los 45 millones de pesos, por malversación de fondos públicos y por los sucesos “extraordinarios” en materia de seguridad pública, que llevó a la PGR a catear el domicilio del edil y a consignar como reo al síndico Enoc Tafolla.
Los líderes parlamentarios del PRI y PRD, Jaime Mares Camarena y Maricruz Campos, anunciaron que el pleno del Poder Legislativo pondrá punto final al caso del municipio de Lázaro Cárdenas para dar certidumbre a la población. Durante 11 meses, el Congreso “congeló” el expediente de destitución del edil Torres, bajo el argumento de que le faltaba información delicada que le allegaría la PGR y la Auditoría Superior del Estado, en torno a delincuencia organizada y desvío de recursos públicos. En realidad, los legisladores temen que la caída del munícipe lazarocardenense provoque un efecto “dominó”, que arrastre a los alcaldes de Zitácuaro, Los Reyes, Turicato, Chilchota y Paracho, quienes tratan de gobernar confrontados con sus cuerpos edilicios. En diciembre del 2005, la Comisión de Gobernación predictaminó la revocación del mandato del alcalde Gustavo Torres, síndico y varios regidores del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, por haber incurrido en abuso de autoridad, desvío de fondos públicos y quebrantos financieros. El predictamen argumentaba que la revocación de mandato sí procedía ante el riesgo de quebranto financiero, los acuerdos ilegales de Cabildo y la irresponsable prestación de servicios públicos en Lázaro Cárdenas. El documento detallaba a fondo violaciones jurídicas en 45 acuerdos de Cabildo, “que acreditan fehacientemente que los miembros del cuerpo edilicio han demostrado desconocimiento de la ley, incapacidad, impericia, mala fe, abuso de autoridad y desviación de poder, además de un claro aprovechamiento personal de los recursos públicos”. De acuerdo con la Constitución de la República, las legislaturas locales pueden suspender o desaparecer ayuntamientos o revocar el mandato de alguno de sus miembros, por causas graves, siempre y cuando sus miembros hayan tenido la oportunidad de rendir pruebas y hacer alegatos.
En diciembre del 2005, un grupo de 3 diputados viajó al puerto de Lázaro Cárdenas para investigar las irregularidades atribuidas al gobierno municipal. Raúl Oseguera, director regional de Averiguaciones Previas de la PGJE, hizo constar que había 3 averiguaciones previas penales en contra del síndico Enoc Tafolla, por los delitos de motín, difamación, sedición, asociación delictuosa, abuso de autoridad y lesiones.
En aquel entonces, los diputados constataron el control y manejo irregular del agua potable, alumbrado, limpia y recolección de residuos, mercados, panteones, rastros, parques y jardines. Predominaron las quejas por el manejo irresponsable del presupuesto, el incumplimiento a proveedores, salarios atrasados y alteración de actas de Cabildo.
Fue duramente censurado el nepotismo del alcalde, tesorero y subtesorero. Dirigentes partidistas exhibieron que el edil incluyó a toda la familia en el Ayuntamiento. Por: Eduardo Chávez / Agencia ANI
