24/10/14

ARCELOR MITTAL SOLICITÁ APOYO DE LAS AUTORIDADES PARA CUMPLIR CON LA LEGALIDAD



Esta noche, el área de comunicación social de la siderúrgica de ArcelorMittal-México emitió un reporte sobre el conflicto que mantiene con los transportistas señalando que tras una semana de bloqueos la empresa detiene el 70% de su operación en Michoacán. 

Se cumplen 6 días del bloqueo por parte de los transportistas de la sección 28 de la CTM y de la 01 de la CROM.

ArcelorMittal Solicita a las autoridades de los tres niveles de gobierno su apoyo para cumplir con la legalidad y el respeto a la propiedad privada.

Al día de Hoy, los hornos de la Acería Eléctrica y las minas han suspendido su operación.

Estos son los argumentos con los que abre el extenso comunicado de la empresa  que textualmente dice:
Desde hace una semana, transportistas de la sección No. 38 de la CTM y de la No. 01 de la CROM mantienen bloqueadas todas las operaciones de ArcelorMittal en el Estado de Michoacán.

Los accesos vehiculares y de ferrocarril de la planta siderúrgica y de las minas Las Truchas de ArcelorMittal México ubicadas en este municipio se encuentran totalmente bloqueadas tanto para el ingreso de materias primas, como de empleados y contratistas, impidiendo con ello la operación.

Conforme han pasado los días, la situación se ha vuelto más crítica para la empleadora privada más importante del estado, pues los transportistas han permanentemente negado el acceso de materias primas necesarias para operar y producir, tales como cal fundente, ferroaleaciones y refacciones para equipos críticos en el proceso de acería.

Por esta razón, desde hace cuatro días se inició el apagado paulatino de los hornos de Acería Eléctrica, lo que orilló a la compañía a reducir su producción en 70%.

Al continuar ayer con este bloqueo y sin la certeza sobre la fecha en la que se retirará el bloqueo, la compañía se verá forzada a embancar el Alto Horno, proceso que implica reducir al mínimo indispensable su operación para no dañar el refractario ni las instalaciones. Al iniciar este proceso, el impacto derivará en el paro total de la producción de la empresa.

Es de destacarse que a partir de este momento, se necesitarán al menos 10 días para poder reiniciar las operaciones en la planta siderúrgica, lo que ha provocado ya cuantiosas afectaciones económicas no sólo para la compañía sino para la comunidad de Lázaro Cárdenas, el mercado nacional y para otros sectores a los que ArcelorMittal abastece como el de la construcción, energético y automotriz tanto en México como en el extranjero.

La operación de las minas Las Truchas también se ha visto seriamente afectada, ya que el diesel necesario para operar la maquinaria pesada se ha agotado y desde el viernes pasado se suspendieron todas las operaciones de extracción de mineral de hierro.

A manera de recapitulación, desde hace casi ya un mes, la mayor empleadora privada del Estado de Michoacán, empleados, contratistas y la comunidad en general de Lázaro Cárdenas, se han visto amedrentados por estas uniones transportistas, quienes al ver concluida su relación comercial con nosotros, debido a las insostenibles demandas de aumento en la tarifa demandada han buscado a través de estas acciones de bloqueo obligar a la empresa a contratarlos.

Exhortamos a los transportistas de la CTM y de la CROM quienes están actuando ilegalmente, a que retiren sus bloqueos y dejen de afectar a las más de 48,000 personas que dependen de nuestra actividad industrial y a la comunidad en Lázaro Cárdenas.

En ArcelorMittal, siempre nos hemos conducido en el ámbito de la legalidad. Hasta el momento las denuncias interpuestas desde el pasado lunes no han fructificado, por lo que reiteramos nuestro llamado público a las autoridades federales, del Estado de Michoacán y del municipio de Lázaro Cárdenas para que intervengan y hagan valer el estado de derecho que claramente se ha visto violentado desde hace una semana para una de las compañías líderes en el sector siderúrgico del país.

ArcelorMittal confía en la labor de las autoridades para que hagan valer la legalidad, el respeto a la propiedad privada y el libre mercado, donde cada empresa pueda contratar los servicios que requiera con el proveedor que mejor le convenga.
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