- Nuevo golpe a la estructura financiera de grupo delincuencial, exigían cuotas a empresarios mineros, agencias aduanales y transportistas.
Lázaro Cárdenas, Mich., a 01 de julio de 2014.-
En el marco de la
Estrategia Integral de Seguridad que se lleva a cabo en la entidad, la
Procuraduría General de Justicia del Estado remitió a la Procuraduría General
de la República, actuaciones y a tres presuntos integrantes de la estructura financiera
de un grupo criminal que obligaba a empresas del puerto a realizar aportaciones
monetarias para permitir su operación.
Se trata de
Adrián A., de 19 años de edad, César C., 30 años de edad, y Lucas Emmanuel R.,
29 años de edad, quienes fueron detenidos por personal de la Secretaría de
Seguridad Pública, en los momentos que
tenía en su poder armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea.
De acuerdo
a las constancias de la indagatoria, la detención se realizó cuando los
elementos policiales atendían una denuncia anónima, que advertía que sobre la
carretera que une la ciudad de Lázaro Cárdenas con la tenencia de La Mira,
había la presencia de personas armadas a bordo de un vehículo marca Honda, tipo
Accord, con placas de circulación de esta entidad federativa.
Ante esta
situación, los uniformados, decidieron llevar a cabo una inspección, logrando
ubicar en unas de las calles de la zona, la unidad antes mencionada, por lo que
decidieron darle alcance para marcarles el alto y poder realizar una revisión,
ubicando una arma larga a cada uno de ellos, mientras que otras cuatro armas se
localizaron en la cajuela, así 3 mil 520 cartuchos útiles y cuatro teléfonos
celulares.
Los
detenidos reconocieron formar parte de un grupo delincuencial y recibir
instrucciones directas de su líder para el cobro de cuotas en dólares a los
empresarios mineros, por el transporte, exportación, extracción, trituración y
almacenamiento del mineral, así como hasta un 50 por ciento de la utilidad de
algunas minas en los municipios de Arteaga y La Unión en el vecino estado de
Guerrero.
De igual
forma, exigían pagos mensuales a concesionarios del transporte público federal
y agencias aduanales que operan en el puerto.
Por lo
anterior y en virtud de que existen conductas consideradas de competencia
federal, se determinó remitir actuaciones y detenido ante la PGR y una vez que la indagatoria fue
atraída por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO), ésta resolvió el ejercicio de la acción penal y la consignación de los inculpados por su
probable responsabilidad de los delitos de Delincuencia organizada y violación
a la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos.