ArcelorMittal Servicios Minerometalúrgicos de Occidente, S.A. de C.V., declara ser la legal tenedora de los títulos de Concesión Minera (Ley Minera, Art. 10) de los predios ubicados en Camichín, Maromita, La Bandera, Parotilla, Higueras y Acalpican, según consta en la Secretaría de Economía bajo las concesiones número 218877, 218368, 218877, 217426, 199214.
La empresa se vio en la obligación de recurrir a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y a la Procuraduría General de la República, para denunciar a quien resulte responsable de violentar los derechos de extracción y aprovechamiento de mineral que legalmente le corresponde, por la explotación de minas ubicadas en los predios antes señalados.
Las Concesiones Mineras otorgadas a ArcelorMittal por el gobierno federal a través de dicha Secretaría, están reguladas bajo estrictas normas que aseguran la viabilidad de los proyectos, considerando la seguridad de las comunidades y la valoración del impacto al medio ambiente.
La extracción ilegal no sólo pone en riesgo las propiedades geológicas del subsuelo, por el contrario, inhibe la adecuada explotación de minerales que se traduce en beneficios económicos de largo plazo para los ejidos y para las comunidades en donde se ubican estos predios, pues utilizan a cooperativas o contratistas para el proceso de convertir el material en acero, lo que representa más fuentes de empleo.
En estricto apego a derecho, la compañía denunció ante las autoridades correspondientes no sólo la violación a sus derechos de concesión, sino la ilegalidad de estos actos de extracción que, además de no observar ningún lineamiento establecido, genera una fuga importante de divisas para el Estado, como resultado de la evasión fiscal.
De forma unilateral y arbitraria, desde el día de ayer el acceso a las instalaciones de ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas fueron bloqueadas por un grupo de manifestantes. En este sentido, es importante recalcar que son las autoridades, locales y federales, las encargadas de determinar a los probables responsables, así como las sanciones que la ley establece para tal efecto. El bloqueo al que está siendo sujeto las instalaciones de la empresa, pone en riesgo las operaciones y el bienestar de muchas familias que dependen de nuestras fuentes de empleo.
En ArcelorMittal estamos convencidos de que el apego a derecho y el seguimiento a altos estándares de conducta y ética profesional, son inherentes al desarrollo de nuestra empresa, nuestros empleados y la comunidad.
La empresa se vio en la obligación de recurrir a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y a la Procuraduría General de la República, para denunciar a quien resulte responsable de violentar los derechos de extracción y aprovechamiento de mineral que legalmente le corresponde, por la explotación de minas ubicadas en los predios antes señalados.
Las Concesiones Mineras otorgadas a ArcelorMittal por el gobierno federal a través de dicha Secretaría, están reguladas bajo estrictas normas que aseguran la viabilidad de los proyectos, considerando la seguridad de las comunidades y la valoración del impacto al medio ambiente.
La extracción ilegal no sólo pone en riesgo las propiedades geológicas del subsuelo, por el contrario, inhibe la adecuada explotación de minerales que se traduce en beneficios económicos de largo plazo para los ejidos y para las comunidades en donde se ubican estos predios, pues utilizan a cooperativas o contratistas para el proceso de convertir el material en acero, lo que representa más fuentes de empleo.
En estricto apego a derecho, la compañía denunció ante las autoridades correspondientes no sólo la violación a sus derechos de concesión, sino la ilegalidad de estos actos de extracción que, además de no observar ningún lineamiento establecido, genera una fuga importante de divisas para el Estado, como resultado de la evasión fiscal.
De forma unilateral y arbitraria, desde el día de ayer el acceso a las instalaciones de ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas fueron bloqueadas por un grupo de manifestantes. En este sentido, es importante recalcar que son las autoridades, locales y federales, las encargadas de determinar a los probables responsables, así como las sanciones que la ley establece para tal efecto. El bloqueo al que está siendo sujeto las instalaciones de la empresa, pone en riesgo las operaciones y el bienestar de muchas familias que dependen de nuestras fuentes de empleo.
En ArcelorMittal estamos convencidos de que el apego a derecho y el seguimiento a altos estándares de conducta y ética profesional, son inherentes al desarrollo de nuestra empresa, nuestros empleados y la comunidad.
