El Tribunal Internacional de Libertad Sindical constituido el año pasado dada las acusaciones por violaciones a la libertad sindical en México, se reunió del 28 al 30 de abril de 2010 para concluir el proceso abierto contra el gobierno mexicano y emitir una resolución, luego de haber recabado información y testimonios de las organizaciones sindicales.
El fallo se colocará a disposición de las autoridades mexicanas, de la OIT, de la OEA, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y demás naciones con las que México ha firmado tratados que incluyen derechos humanos y laborales.
La FITIM, quien no pudo estar presente en el encuentro, envió un mensaje de apoyo a la lucha por la defensa de los derechos sindicales, la libertad de asociación y en la denuncia de los contratos de protección patronal. Asimismo repudió los abusos e intimidaciones que sufren quienes defienden los derechos y buscan una verdadera justicia social en México.
El Tribunal condenó las políticas del estado mexicano para coartar la libertad sindical, anular la contratación colectiva, negar el derecho de huelga y, en definitiva, afectar el derecho humano fundamental a un trabajo digno.
Asimismo condena la red de corrupción de personal administrativo con empresarios y supuestas organizaciones que niegan, por la vía del corporativismo, de la simulación de la legalidad o a través del uso de la violencia, los derechos fundamentales del trabajo. Así como también repudia la práctica de la contratación por parte de empresarios y supuestas organizaciones sindicales, que impiden o pretenden impedir el desarrollo del sindicalismo independiente y democrático, así como la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
El Tribunal advierte que estas prácticas, al ser consentida por las autoridades, es una violación adicional de los derechos humanos; "exigimos ponerle fin a la impunidad, sancionando la responsabilidad penal en que incurren".
Tal situación se hace notar irónicamente en la columna del abogado laboral Carlos del Buen, en el diario electrónico "El Seminario", quien escribe sobre los Contratos de Protección, haciendo referencia a los contratos de colectivos de trabajo simulados, de falsos líderes sindicales, a la corrupción, y pone de manifiesto la queja que se presento ante la OIT en contra el gobierno mexicano por realizar estar prácticas.
Por último el Tribunal reitera, entre otras recomendaciones, que el estado mexicano:
cumpla estrictamente las obligaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes mexicanas, y en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
cumpla plenamente con las recomendaciones de 2006 del Comité del Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, así como con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas luego del examen periódico universal al que se sometió México en el 2009.
Quienes integran el Tribunal llaman a las autoridades mexicanas a no criminizar la protesta social y los conflictos, así como el uso de las fuerzas policíacas contra los movimientos de trabajadores. Específicamente señala la resolución, que en el caso de los mineros mexicanos no se use al ejército o a la fuerza pública contra la histórica huelga de Cananea y llama a suspender los ataques de que es víctima el sindicato. Además llama al pueblo mexicano y a la comunidad internacional a solidarizarse con la lucha por la defensa del derecho al trabajo y laborales de las y los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas.
El fallo se colocará a disposición de las autoridades mexicanas, de la OIT, de la OEA, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y demás naciones con las que México ha firmado tratados que incluyen derechos humanos y laborales.
La FITIM, quien no pudo estar presente en el encuentro, envió un mensaje de apoyo a la lucha por la defensa de los derechos sindicales, la libertad de asociación y en la denuncia de los contratos de protección patronal. Asimismo repudió los abusos e intimidaciones que sufren quienes defienden los derechos y buscan una verdadera justicia social en México.
El Tribunal condenó las políticas del estado mexicano para coartar la libertad sindical, anular la contratación colectiva, negar el derecho de huelga y, en definitiva, afectar el derecho humano fundamental a un trabajo digno.
Asimismo condena la red de corrupción de personal administrativo con empresarios y supuestas organizaciones que niegan, por la vía del corporativismo, de la simulación de la legalidad o a través del uso de la violencia, los derechos fundamentales del trabajo. Así como también repudia la práctica de la contratación por parte de empresarios y supuestas organizaciones sindicales, que impiden o pretenden impedir el desarrollo del sindicalismo independiente y democrático, así como la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
El Tribunal advierte que estas prácticas, al ser consentida por las autoridades, es una violación adicional de los derechos humanos; "exigimos ponerle fin a la impunidad, sancionando la responsabilidad penal en que incurren".
Tal situación se hace notar irónicamente en la columna del abogado laboral Carlos del Buen, en el diario electrónico "El Seminario", quien escribe sobre los Contratos de Protección, haciendo referencia a los contratos de colectivos de trabajo simulados, de falsos líderes sindicales, a la corrupción, y pone de manifiesto la queja que se presento ante la OIT en contra el gobierno mexicano por realizar estar prácticas.
Por último el Tribunal reitera, entre otras recomendaciones, que el estado mexicano:
cumpla estrictamente las obligaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes mexicanas, y en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
cumpla plenamente con las recomendaciones de 2006 del Comité del Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, así como con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas luego del examen periódico universal al que se sometió México en el 2009.
Quienes integran el Tribunal llaman a las autoridades mexicanas a no criminizar la protesta social y los conflictos, así como el uso de las fuerzas policíacas contra los movimientos de trabajadores. Específicamente señala la resolución, que en el caso de los mineros mexicanos no se use al ejército o a la fuerza pública contra la histórica huelga de Cananea y llama a suspender los ataques de que es víctima el sindicato. Además llama al pueblo mexicano y a la comunidad internacional a solidarizarse con la lucha por la defensa del derecho al trabajo y laborales de las y los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas.
