OIT PIDE RESULTADOS POR LA VIOLENCIA
CONTRA SINDICALISTAS DE MICHOACÁN
La OIT a través de su Comité de Libertad Sindical está pidiendo al Gobierno de México que le comunique el resultado de los procesos relativos a actos de violencia contra sindicalistas en el estado de Michoacán
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) reveló el fin de semana el informe derivado de la queja la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) y que presentó el comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) la cual pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación en el conflicto minero de México.
En la Que
ja contra el Gobierno de México presentada por la Fitim se alega la muerte de sindicalistas, actos de violencia y amenazas de muerte contra sindicalistas, destitución del comité ejecutivo nacional del sindicato querellante, establecimiento por la empresa y las autoridades de un sindicato paralelo, congelación de cuentas del sindicato y de sindicalistas, violaciones al derecho de huelga con intervención de las fuerzas del orden, detención de sindicalistas.
Pero también existe otro alegato pendiente de la FITIM relacionado textualmente como “El asalto el 20 de abril de 2006 de las fuerzas del orden contra huelguistas que protestaban en la planta siderúrgica Sicartsa en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, habiéndose herido más de 100 trabajadores y matado a dos tras abrir fuego policías y soldados; citando el informe que Según el Gobierno, no hubo intervención del Ejército, ni hubo un asalto de fuerzas armadas contra huelgu
istas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, sino:
“Que la Policía Federal Preventiva actuó sólo para prevenir la comisión de delitos e intervenir en materia de seguridad pública, así como salvaguardar la integridad de las personas”. Según el Gobierno, la participación del gobierno de Michoacán “se limitó a auxiliar a la Policía Federal Preventiva en el desalojo de las instalaciones de la empresa Sicartsa”. En esa acción supuestamente no punitiva, fallecieron los trabajadores Mario Alberto Castillo Ramírez y Héctor Álvarez Gómez, por disparos de arma de fuego de elementos de las fuerzas públicas.
Adicionalmente el informe señala que el Comité queda a la espera del resultado de las consultas con la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador de Lázaro Cárdenas sobre el caso del alegado secuestro, apaleamiento y amenazas de muerte contra la esposa del sindicalista Sr. Mario García Ortiz.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) reveló el fin de semana el informe derivado de la queja la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) y que presentó el comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) la cual pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación en el conflicto minero de México.
En la Que
ja contra el Gobierno de México presentada por la Fitim se alega la muerte de sindicalistas, actos de violencia y amenazas de muerte contra sindicalistas, destitución del comité ejecutivo nacional del sindicato querellante, establecimiento por la empresa y las autoridades de un sindicato paralelo, congelación de cuentas del sindicato y de sindicalistas, violaciones al derecho de huelga con intervención de las fuerzas del orden, detención de sindicalistas.Pero también existe otro alegato pendiente de la FITIM relacionado textualmente como “El asalto el 20 de abril de 2006 de las fuerzas del orden contra huelguistas que protestaban en la planta siderúrgica Sicartsa en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, habiéndose herido más de 100 trabajadores y matado a dos tras abrir fuego policías y soldados; citando el informe que Según el Gobierno, no hubo intervención del Ejército, ni hubo un asalto de fuerzas armadas contra huelgu
istas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, sino:“Que la Policía Federal Preventiva actuó sólo para prevenir la comisión de delitos e intervenir en materia de seguridad pública, así como salvaguardar la integridad de las personas”. Según el Gobierno, la participación del gobierno de Michoacán “se limitó a auxiliar a la Policía Federal Preventiva en el desalojo de las instalaciones de la empresa Sicartsa”. En esa acción supuestamente no punitiva, fallecieron los trabajadores Mario Alberto Castillo Ramírez y Héctor Álvarez Gómez, por disparos de arma de fuego de elementos de las fuerzas públicas.
Adicionalmente el informe señala que el Comité queda a la espera del resultado de las consultas con la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador de Lázaro Cárdenas sobre el caso del alegado secuestro, apaleamiento y amenazas de muerte contra la esposa del sindicalista Sr. Mario García Ortiz.
