A las michoacanas y michoacanos:
1. El 26 de mayo de 2009 el Gobierno Federal, a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR y con apoyo de las fuerzas federales, llevó acabo un operativo para cumplimentar diversas órdenes de localización y presentación en contra de presidentes municipales, funcionarios estatales y municipales.
Ese mismo día señalamos la conveniencia del operativo, pero también manifestamos nuestra inconformidad con la manera en que se desarrolló y la anticonstitucionalidad de las acciones emprendidas por la autoridad federal.
2. También demandamos “que en los casos en los cuales no se encuentren elementos incriminatorios, el Ministerio Público Federal debe reivindicar la imagen de los servidores públicos libres de responsabilidad”.
Hoy con toda energía reclamamos que se desagravie y reivindique la imagen de los michoacanos que fueron injustamente detenidos. Desde el inicio del operativo se les trató como delincuentes, no como ciudadanos y han sido estigmatizados olvidando el principio de presunción de inocencia que establece nuestra Constitución.
A ocho meses de los hechos, la mayoría de los inculpados (15 de 28) han quedado libres, nunca se les comprobó ninguna de las imputaciones, el Gobierno Federal se ha negado a dar una disculpa pública, lo que nos parece inaceptable en un estado de derecho.
Asimismo el trato mediático ha sido desproporcionado, las detenciones fueron noticia principal de diversos medios de comunicación nacional, ahora que obtienen su libertad por falta de pruebas, son relegados a espacios secundarios. Con excepción de los medios locales de Michoacán.
3. Como Gobernador del Estado y a nombre del pueblo de Michoacán, mediante comunicados oficiales, del 27 de mayo de 2009, dirigido al entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y del 2 de junio del mismo año enviado a Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República, manifesté mi más enérgica protesta por la irrupción ilegal al Palacio de Gobierno, sede oficial del Poder Ejecutivo.
Al día de hoy no hay una disculpa pública por la acción violatoria de la soberanía de la entidad.
4. Desde el 26 de agosto de 2009 en mi participación en el Foro Internacional sobre seguridad organizado por la Organización Demócrata Cristiana de América realizado en Ciudad Juárez , Chihuahua y en otros foros he planteado la urgente necesidad de revisar las figuras de localización y presentación de personas; el arraigo, cuyo uso denigra tanto derechos humanos como garantías procesales; los testigos protegidos, que no están sometidos a reglas procesales y en muchos casos carecen de calidad moral; las intervenciones telefónicas, que deben de contar con autorización judicial.
5. La recomendación 72/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentada el 29 de octubre del año pasado reconoció y demostró que teníamos razón, documentó el allanamiento de edificios públicos, los cateos ilegales, la detenciones bajo órdenes de localización y presentación, la dilación del proceso, el no permitírseles a los indiciados la defensa adecuada, el desahogo de prueban sin presencia de abogados defensores y las mal sustentadas declaraciones de los testigos protegidos.
El combate a la delincuencia común y al crimen organizado, debe de sustentarse en los preceptos y garantías que consagra la Constitución Política del país, esto es respetando los derechos humanos, las garantías procesales y permitiendo procesos debidos y justos. De lo contrario, corremos el riesgo de regresar a un sistema de justicia medieval e inquisitorio que permite la persecución de personas por diferencias de orden político, personal e ideológico, donde se juzga a todos culpable hasta que se demuestra su inocencia.
Reitero: se puede y se debe combatir todo tipo de delincuencia con la Constitución en la mano y aunque resulte difícil, ante la opinión pública, los medios de comunicación y las autoridades debe prevalecer la presunción de inocencia: nadie puede ser condenado sin juicio previo.
1. El 26 de mayo de 2009 el Gobierno Federal, a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR y con apoyo de las fuerzas federales, llevó acabo un operativo para cumplimentar diversas órdenes de localización y presentación en contra de presidentes municipales, funcionarios estatales y municipales.
Ese mismo día señalamos la conveniencia del operativo, pero también manifestamos nuestra inconformidad con la manera en que se desarrolló y la anticonstitucionalidad de las acciones emprendidas por la autoridad federal.
2. También demandamos “que en los casos en los cuales no se encuentren elementos incriminatorios, el Ministerio Público Federal debe reivindicar la imagen de los servidores públicos libres de responsabilidad”.
Hoy con toda energía reclamamos que se desagravie y reivindique la imagen de los michoacanos que fueron injustamente detenidos. Desde el inicio del operativo se les trató como delincuentes, no como ciudadanos y han sido estigmatizados olvidando el principio de presunción de inocencia que establece nuestra Constitución.
A ocho meses de los hechos, la mayoría de los inculpados (15 de 28) han quedado libres, nunca se les comprobó ninguna de las imputaciones, el Gobierno Federal se ha negado a dar una disculpa pública, lo que nos parece inaceptable en un estado de derecho.
Asimismo el trato mediático ha sido desproporcionado, las detenciones fueron noticia principal de diversos medios de comunicación nacional, ahora que obtienen su libertad por falta de pruebas, son relegados a espacios secundarios. Con excepción de los medios locales de Michoacán.
3. Como Gobernador del Estado y a nombre del pueblo de Michoacán, mediante comunicados oficiales, del 27 de mayo de 2009, dirigido al entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y del 2 de junio del mismo año enviado a Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República, manifesté mi más enérgica protesta por la irrupción ilegal al Palacio de Gobierno, sede oficial del Poder Ejecutivo.
Al día de hoy no hay una disculpa pública por la acción violatoria de la soberanía de la entidad.
4. Desde el 26 de agosto de 2009 en mi participación en el Foro Internacional sobre seguridad organizado por la Organización Demócrata Cristiana de América realizado en Ciudad Juárez , Chihuahua y en otros foros he planteado la urgente necesidad de revisar las figuras de localización y presentación de personas; el arraigo, cuyo uso denigra tanto derechos humanos como garantías procesales; los testigos protegidos, que no están sometidos a reglas procesales y en muchos casos carecen de calidad moral; las intervenciones telefónicas, que deben de contar con autorización judicial.
5. La recomendación 72/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentada el 29 de octubre del año pasado reconoció y demostró que teníamos razón, documentó el allanamiento de edificios públicos, los cateos ilegales, la detenciones bajo órdenes de localización y presentación, la dilación del proceso, el no permitírseles a los indiciados la defensa adecuada, el desahogo de prueban sin presencia de abogados defensores y las mal sustentadas declaraciones de los testigos protegidos.
El combate a la delincuencia común y al crimen organizado, debe de sustentarse en los preceptos y garantías que consagra la Constitución Política del país, esto es respetando los derechos humanos, las garantías procesales y permitiendo procesos debidos y justos. De lo contrario, corremos el riesgo de regresar a un sistema de justicia medieval e inquisitorio que permite la persecución de personas por diferencias de orden político, personal e ideológico, donde se juzga a todos culpable hasta que se demuestra su inocencia.
Reitero: se puede y se debe combatir todo tipo de delincuencia con la Constitución en la mano y aunque resulte difícil, ante la opinión pública, los medios de comunicación y las autoridades debe prevalecer la presunción de inocencia: nadie puede ser condenado sin juicio previo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
El Gobernador Constitucional del Estado
Leonel Godoy Rangel
Sufragio Efectivo. No Reelección
El Gobernador Constitucional del Estado
Leonel Godoy Rangel
