Posterior a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad -que fue clausurado por el presidente Felipe Calderón-, el mandatario michoacano fue cuestionado sobre el rechazo de la PGR a la recomendación emitida por la CNDH en la que se afirma que elementos de la Policía Federal violaron los derechos humanos de los alcaldes y funcionarios de Michoacán cuando fueron detenidos, en mayo pasado. Al respecto el gobernador Leonel Godoy Rangel destacó que todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno “están obligadas a aceptar las recomendaciones de las Comisiones estatales y la Nacional de Derechos Humanos, ya que es una instancia creada para vigilar los derechos y las garantías, y en la Constitución del país nos obliga a respetar dichos derechos”.
Godoy Rangel reprobó cualquier decisión que se tome por cualquier autoridad para no acatar las recomendaciones de la CNDH, y destacó que pese a que oficialmente no se le ha notificado del rechazo de la PGR a la recomendación en el caso de los ex funcionarios michoacanos, el mandatario michoacano subrayó que condena dicha decisión que resulta incorrecta por parte de la PGR.
“La mejor manera de combatir a la delincuencia es perfeccionando los mecanismos y no pervirtiéndolos, y actuando dentro margen de la Ley, la CNDH señaló varias violaciones a la Constitución y a los derechos humanos que deben de corregirse para mejorar nuestro trabajo, y no evadir una responsabilidad que debemos de asumir, ya que en el combate a la delincuencia se tiene que actuar con la Constitución en la mano y respetando los derechos humanos, y el que no lo haga debe de ser sancionado”, enfatizó el Ejecutivo michoacano.
Asimismo, ratificó su demanda de que las dependencias federales implicadas en el operativo del pasado 26 de mayo del año en curso, deben de disculparse públicamente sobre su actuar ese día, en particular exigió que tanto la PGR como la SSP federal, acaten las resoluciones de la CNDH, además del Consejo de la Judicatura federal, órgano que también recibió recomendaciones derivado de su actuación en dicho operativo y en el proceso que se les siguió a los funcionarios detenidos.
Cabe señalar que el pasado 29 de octubre la CNDH emitió tres recomendaciones contra la PGR, la SSP federal y el Poder Judicial de la Federación, en donde el órgano señaló elementos suficientes "para acreditar violaciones al derecho a la legalidad, consistentes en allanamientos de diversos edificios públicos del estado de Michoacán atribuibles a servidores públicos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP)", quienes realizaron esas acciones sin cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 67 del Código Federal de Procedimientos Penales, además de que “hubo allanamientos y cateos de diversos edificios públicos del estado de Michoacán a tribuidos s servidores públicos de la entonces denominada PFP. También la PGR vulneró a los agraviados derechos humanos y se negó a colaborar con la CNDH al no permitirnos acceder a las indagatorias PGR/SIEDO/UEIDCS/2005/2009 y PGR/SIEDO/UEIDCS/2006/2009”.
Godoy Rangel reprobó cualquier decisión que se tome por cualquier autoridad para no acatar las recomendaciones de la CNDH, y destacó que pese a que oficialmente no se le ha notificado del rechazo de la PGR a la recomendación en el caso de los ex funcionarios michoacanos, el mandatario michoacano subrayó que condena dicha decisión que resulta incorrecta por parte de la PGR.
“La mejor manera de combatir a la delincuencia es perfeccionando los mecanismos y no pervirtiéndolos, y actuando dentro margen de la Ley, la CNDH señaló varias violaciones a la Constitución y a los derechos humanos que deben de corregirse para mejorar nuestro trabajo, y no evadir una responsabilidad que debemos de asumir, ya que en el combate a la delincuencia se tiene que actuar con la Constitución en la mano y respetando los derechos humanos, y el que no lo haga debe de ser sancionado”, enfatizó el Ejecutivo michoacano.
Asimismo, ratificó su demanda de que las dependencias federales implicadas en el operativo del pasado 26 de mayo del año en curso, deben de disculparse públicamente sobre su actuar ese día, en particular exigió que tanto la PGR como la SSP federal, acaten las resoluciones de la CNDH, además del Consejo de la Judicatura federal, órgano que también recibió recomendaciones derivado de su actuación en dicho operativo y en el proceso que se les siguió a los funcionarios detenidos.
Cabe señalar que el pasado 29 de octubre la CNDH emitió tres recomendaciones contra la PGR, la SSP federal y el Poder Judicial de la Federación, en donde el órgano señaló elementos suficientes "para acreditar violaciones al derecho a la legalidad, consistentes en allanamientos de diversos edificios públicos del estado de Michoacán atribuibles a servidores públicos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP)", quienes realizaron esas acciones sin cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 67 del Código Federal de Procedimientos Penales, además de que “hubo allanamientos y cateos de diversos edificios públicos del estado de Michoacán a tribuidos s servidores públicos de la entonces denominada PFP. También la PGR vulneró a los agraviados derechos humanos y se negó a colaborar con la CNDH al no permitirnos acceder a las indagatorias PGR/SIEDO/UEIDCS/2005/2009 y PGR/SIEDO/UEIDCS/2006/2009”.
