Declaración del secretario de Gobierno del Estado, Fidel Calderón Torreblanca, respecto al comunicado que emitió hoy la Secretaría de Seguridad Pública Federal en relación al candidato electo por el distrito I de Lázaro Cárdenas, Julio César Godoy Toscano.
Hoy en conferencia de prensa y a través de un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública, señaló que Julio Cesar Godoy Toscano, diputado electo por el distrito I en el estado, cuenta con una orden de aprehensión por supuestos vínculos con el crimen organizado. Sobre estos señalamientos el Gobierno del Estado declara:
Desde el operativo del 26 de mayo, y ante supuestas acusaciones, el Gobernador solicitó a su hermano compareciera voluntariamente ante las autoridades federales, hecho que realizó el día señalado.
Este Gobierno no protege, ni protegerá a ningún familiar que cometan hecho delictuoso alguno.
Asimismo, esta administración se manifiesta en contra de cualquier condena previa, ya que son sólo las autoridades judiciales, después de un proceso de pruebas y de defensa, las que dictan sentencias a favor o en contra de los acusados.
El Gobierno del Estado reitera su compromiso de combate a la delincuencia en todas sus modalidades, dentro de sus atribuciones, siempre con la ley en la mano y el claro respeto a las garantías individuales y los derechos humanos.
Hoy en conferencia de prensa y a través de un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública, señaló que Julio Cesar Godoy Toscano, diputado electo por el distrito I en el estado, cuenta con una orden de aprehensión por supuestos vínculos con el crimen organizado. Sobre estos señalamientos el Gobierno del Estado declara:
Desde el operativo del 26 de mayo, y ante supuestas acusaciones, el Gobernador solicitó a su hermano compareciera voluntariamente ante las autoridades federales, hecho que realizó el día señalado.
Este Gobierno no protege, ni protegerá a ningún familiar que cometan hecho delictuoso alguno.
Asimismo, esta administración se manifiesta en contra de cualquier condena previa, ya que son sólo las autoridades judiciales, después de un proceso de pruebas y de defensa, las que dictan sentencias a favor o en contra de los acusados.
El Gobierno del Estado reitera su compromiso de combate a la delincuencia en todas sus modalidades, dentro de sus atribuciones, siempre con la ley en la mano y el claro respeto a las garantías individuales y los derechos humanos.
