LA PGR INFORMA Jueves, 18 de Junio de 2009 Boletín 674a
JUEZ FEDERAL CONCEDE ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE 27 PERSONAS RELACIONADAS CON EL CRIMEN ORGANIZADO EN MICHOACÁN CONFORME A LA CONSIGNACIÓN FORMULADA POR LA SIEDO
LOS INCULPADOS PRESUNTAMENTE MANTENÍAN VÍNCULOS CON LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA AUTODENOMINADA “LA FAMILIA MICHOACANA”.
PROTEGÍAN Y FILTRABAN INFORMACIÓN QUE FAVORECÍA AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL.
El 17 de junio de 2009, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), luego de agotar las investigaciones en torno a 27 de los 30 servidores públicos del Estado de Michoacán que se encontraban bajo la medida cautelar de arraigo judicial, ejerció acción penal en contra de:
1. Genaro Guizar Valencia.
2. Uriel Farías Álvarez.
3. Jairo Germán Rivas Páramo.
4. Antonio González Rodríguez.
5. José Luis Ávila Franco.
6. Adán Tafolla Ortiz.
7. Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela.
8. Ramón Ponce Ponce.
9. Citlalli Fernández González.
10. Mario Bautista Ramírez.
11. Ricardo Rubí Bustamante.
12. Juan Gaona Gómez.
13. Victorino Jacobo Pérez.
14. Roberto Rubio Vázquez.
15. Gabriela Mata Chávez.
16. Irlanda Sánchez Román.
17. José Lino Zamora Hernández.
18. Noé Medina Martínez.
19. Faraón Martínez Molina.
20. Abel Salazar Gómez.
21. Dionicio Salvador Valencia Palomares.
22. Alfredo Ramírez García.
23. Antonio Sánchez Gaytán.
24. Baldomero Morales Rivera.
25. Jaime Liera Álvarez.
26. Miguel García Hurtado.
27. Ignacio Mendoza Jiménez.
Por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, agravados por su calidad de servidores públicos, así como por delitos contra la salud en su modalidad de colaboración de cualquier manera al fomento para posibilitar su comisión.
Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público de la Federación adscrito a la SIEDO, permitieron establecer que las veintisiete personas referidas, ahora inculpadas, aprovechándose de su calidad de servidores públicos y abusando de su función, realizaban acciones que favorecían y fomentaban las actividades de narcotráfico de la organización criminal autodenominada “La Familia Michoacana”.
Es importante destacar que con fecha 29 de mayo, el Juez Sexto Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones concedió la medida cautelar de arraigo por 40 días en contra de los presentados ante el Ministerio Público de la Federación.
Este 18 de junio de 2009, el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales competente en Nayarit libró las órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público de la Federación en contra de los ahora inculpados, por considerar que se reúnen elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito y su probable responsabilidad.
En tal virtud, se ha solicitado a la autoridad judicial que ordene el levantamiento del arraigo respecto de los inculpados antes referidos, a fin de que sean ejecutadas las órdenes de aprehensión correspondientes y sean trasladados al Centro Federal de Readaptación Social No.- 4, en el Estado de Nayarit.
Continuarán bajo arraigo, en los términos ordenados por la autoridad judicial Audel Méndez Chávez, José Cortez Ramos, y Osvaldo Esquivel Lucatero, a efecto de agotar las investigaciones que permitan resolver su situación jurídica.
Con acciones como ésta, la Procuraduría General de la República refrenda su inalienable compromiso de llevar ante la justicia Federal a toda persona que colabore con la delincuencia organizada, incluyendo a los servidores públicos que falten a su compromiso de servir a la sociedad.
JUEZ FEDERAL CONCEDE ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE 27 PERSONAS RELACIONADAS CON EL CRIMEN ORGANIZADO EN MICHOACÁN CONFORME A LA CONSIGNACIÓN FORMULADA POR LA SIEDO
LOS INCULPADOS PRESUNTAMENTE MANTENÍAN VÍNCULOS CON LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA AUTODENOMINADA “LA FAMILIA MICHOACANA”.
PROTEGÍAN Y FILTRABAN INFORMACIÓN QUE FAVORECÍA AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL.
El 17 de junio de 2009, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), luego de agotar las investigaciones en torno a 27 de los 30 servidores públicos del Estado de Michoacán que se encontraban bajo la medida cautelar de arraigo judicial, ejerció acción penal en contra de:
1. Genaro Guizar Valencia.
2. Uriel Farías Álvarez.
3. Jairo Germán Rivas Páramo.
4. Antonio González Rodríguez.
5. José Luis Ávila Franco.
6. Adán Tafolla Ortiz.
7. Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela.
8. Ramón Ponce Ponce.
9. Citlalli Fernández González.
10. Mario Bautista Ramírez.
11. Ricardo Rubí Bustamante.
12. Juan Gaona Gómez.
13. Victorino Jacobo Pérez.
14. Roberto Rubio Vázquez.
15. Gabriela Mata Chávez.
16. Irlanda Sánchez Román.
17. José Lino Zamora Hernández.
18. Noé Medina Martínez.
19. Faraón Martínez Molina.
20. Abel Salazar Gómez.
21. Dionicio Salvador Valencia Palomares.
22. Alfredo Ramírez García.
23. Antonio Sánchez Gaytán.
24. Baldomero Morales Rivera.
25. Jaime Liera Álvarez.
26. Miguel García Hurtado.
27. Ignacio Mendoza Jiménez.
Por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, agravados por su calidad de servidores públicos, así como por delitos contra la salud en su modalidad de colaboración de cualquier manera al fomento para posibilitar su comisión.
Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público de la Federación adscrito a la SIEDO, permitieron establecer que las veintisiete personas referidas, ahora inculpadas, aprovechándose de su calidad de servidores públicos y abusando de su función, realizaban acciones que favorecían y fomentaban las actividades de narcotráfico de la organización criminal autodenominada “La Familia Michoacana”.
Es importante destacar que con fecha 29 de mayo, el Juez Sexto Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones concedió la medida cautelar de arraigo por 40 días en contra de los presentados ante el Ministerio Público de la Federación.
Este 18 de junio de 2009, el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales competente en Nayarit libró las órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público de la Federación en contra de los ahora inculpados, por considerar que se reúnen elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito y su probable responsabilidad.
En tal virtud, se ha solicitado a la autoridad judicial que ordene el levantamiento del arraigo respecto de los inculpados antes referidos, a fin de que sean ejecutadas las órdenes de aprehensión correspondientes y sean trasladados al Centro Federal de Readaptación Social No.- 4, en el Estado de Nayarit.
Continuarán bajo arraigo, en los términos ordenados por la autoridad judicial Audel Méndez Chávez, José Cortez Ramos, y Osvaldo Esquivel Lucatero, a efecto de agotar las investigaciones que permitan resolver su situación jurídica.
Con acciones como ésta, la Procuraduría General de la República refrenda su inalienable compromiso de llevar ante la justicia Federal a toda persona que colabore con la delincuencia organizada, incluyendo a los servidores públicos que falten a su compromiso de servir a la sociedad.
